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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el propio organismo rector del fútbol mundial enfrentan una nueva presión en Estados Unidos tras una denuncia presentada ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La queja acusa al dirigente de emplear a una trabajadora doméstica en su residencia de Miami sin estatus legal y de pagarle directamente a través de una entidad vinculada a la FIFA.
Denuncia ante el IRS y posibles repercusiones para la FIFA
Según informó Inside World Football citando a The Guardian, la querella fue interpuesta por el abogado de Washington D. C. Abed Ayoub, especialista en leyes de inmigración y director ejecutivo nacional del Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense (ADC). El expediente incluye diversos documentos que señalan que una persona realizó labores domésticas de manera exclusiva para Infantino y su esposa, Leena Infantino, en su casa de Miami, mientras recibía compensación o beneficios mediante una filial de la FIFA. El escrito argumenta que los altos cargos de la organización abusaron de la exención fiscal de la entidad.
El peor escenario para la organización sería la pérdida de su estatus de exención fiscal en Estados Unidos. La FIFA cuenta con el estatus 501(c)(4), reservado para organizaciones creadas para promover el bienestar comunitario con fines caritativos, educativos o recreativos, categoría que comparten la mayoría de las federaciones deportivas en el país norteamericano.
Investigaciones políticas y antecedentes judiciales
Por otro lado, Infantino ya se encuentra bajo la presión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el cual solicitó documentación relacionada con sus vínculos con Donald Trump, incluyendo la propuesta de venta de la FFE. Un portavoz del representante demócrata Jamie Raskin, quien lidera dicha indagatoria, indicó que el comité no había solicitado documentos sobre el caso de la empleada doméstica, pero que seguía de cerca estos acontecimientos.
Las consecuencias personales para Infantino podrían ser considerables bajo las leyes estadounidenses si el IRS decide avanzar con una investigación formal. La FIFA mantiene un historial desfavorable con las autoridades judiciales de EE. UU., recordando el caso FIFAgate de 2015, el cual comenzó a partir de una investigación del IRS que destapó una red de corrupción y fraude dentro de la organización.
Detalles sobre el empleo y el visado de la trabajadora
La historia sobre la empleada doméstica fue reportada inicialmente por el New York Post. El medio señaló que Infantino utilizó a sus asesores y contactos en la Casa Blanca para conseguir un permiso de trabajo para su empleada nicaragüense, Yajarlin del Socorro Fernandez, después de que su estatus legal hubiera sido revocado. Ella continuó trabajando en la residencia de Miami durante más de cuatro meses tras la cancelación de su permiso en 2025.
En enero de 2026, la trabajadora recibió una autorización de empleo bajo parole C11 a través del Departamento de Seguridad Nacional dirigido por Kristi Noem, un visado humanitario por lo general destinado a personas que huyen de guerras o peligros en sus países de origen. El New York Post citó una carta con membrete oficial de la organización que confirmaba que la empleada trabajó a tiempo completo para FIFA (Americas), Inc. entre agosto de 2024 y octubre de 2025, firmada por Faviana Urdaneta, socia comercial de Personas y Cultura de la FIFA en Miami.
Fuentes citadas por el rotativo neoyorquino indicaron que el presidente de la institución ignoró las advertencias internas del personal sobre mantener a la trabajadora en la nómina corporativa por el riesgo de una posible deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Respuesta oficial de la FIFA
Desde la organización se emitió un comunicado en el que se aseguró que Infantino es víctima de un esfuerzo concertado y continuo para socavar su figura. Un portavoz de la institución afirmó que los asuntos de la vida privada del presidente pertenecen a su ámbito personal y que los costos de cualquier miembro del personal doméstico son cubiertos por él mismo de forma personal, calificando la publicación como una invasión a su privacidad.
Sin embargo, el conflicto radica en que la propia documentación oficial de la entidad reflejaba por escrito que la trabajadora estaba empleada y remunerada por el organismo y no por el dirigente a título personal.






