La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha impuesto una serie de multas al Flamengo debido a las protestas realizadas por el club contra la prohibición de las apuestas deportivas en Brasil. El organismo rector del fútbol sudamericano sancionó al equipo de Río de Janeiro con un total de 36.000 dólares por diversas infracciones cometidas durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes.
Sanciones por mensajes en la camiseta
Uno de los motivos principales de la multa fue el mensaje exhibido por los jugadores en sus camisetas, que rezaba “prohibir no es proteger”. Según la Conmebol, este acto constituye una violación del artículo 5.8 del código disciplinario de la Copa Libertadores, el cual establece normas estrictas sobre lo que los clubes tienen permitido mostrar en su indumentaria oficial.
Esta protesta surgió en respuesta a la medida impuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien decretó una prohibición general de las apuestas deportivas en el país bajo el argumento de proteger la salud pública y evitar el endeudamiento de las familias. La decisión generó un fuerte rechazo por parte de los clubes brasileños, incluido el Flamengo, que cuenta con una de las aficiones más grandes del país y cuyos ingresos dependen en gran medida de acuerdos de patrocinio con operadores de apuestas.
Otras infracciones disciplinarias
Además de la sanción relacionada con el mensaje en las camisetas, el club brasileño recibió multas adicionales por el comportamiento de sus seguidores durante el encuentro. La Conmebol impuso una penalización de 15.000 dólares debido al uso de banderas y artefactos pirotécnicos por parte de la hinchada, así como otra multa de 5.000 dólares por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.
Mientras tanto, en el ámbito legal brasileño, la Corte Suprema ordenó recientemente la suspensión de todos los litigios en curso en tribunales inferiores relacionados con la Medida Provisional N.º 1.394, que regula las plataformas de apuestas de cuota fija. La Fiscalía General solicitó esta medida argumentando que los fallos contradictorios de instancias menores estaban generando una incertidumbre jurídica significativa en el país.
